Los sistemas de creencias que, en forma generalizada, operan en nuestra sociedad van pautando las respuestas que el personal de la salud formula.

Frente al intento de autoeliminación, en especial de adolescentes, es muy frecuente el comentario “está llamando la atención”, realizado en forma despectiva y minimizándolo o en casos de mujeres adultas se etiqueta como una depresión. Estas respuestas provenientes de profesionales del área salud a quienes se les adjudica un lugar de saber y respetabilidad, generan una nueva victimización en la persona consultante, quien se siente cuestionada, incapacitada de explicitar su situación, aumentando la sensación de encierro e impotencia.

Sector Jurídico - Policial: El pasaje por la instancia policial y judicial es un momento de crisis. Las personas consultantes deben enfrentar la situación de violencia, superar el miedo que el abusador le genera, soportar muchas veces interrogatorios reiterados, careos, exámenes forenses, entre otros. El nivel de sufrimiento que se vive al pasar por estos procedimientos es muy intenso. Aumentándose esta intensidad cuando el personal a cargo de estas instancias actúa en respuesta a ciertos sistemas de creencias.

Ser interrogado por un funcionario que cree que las mujeres mienten para lograr una vía rápida de sacar a sus esposos de su casa, que los adolescentes son manipuladores, solidarizándose con el adulto al pensar “algo habrá hecho”, justificando así el acto violento, aumenta el daño y legitima la violencia.

La falta de apoyo y protección necesarias en estos momentos, la vivencia de una nueva forma de violencia y la legitimación del acto violento, son respuestas frecuentemente obtenidas desde estos sectores

Sector Educación: El personal docente comparte muchas horas de su cotidianeidad con los niños, niñas y adolescentes. En forma individual los docentes comprometen su persona, su lugar de trabajo y su seguridad personal muchas veces, al intervenir sin herramientas y sin respaldo institucional en estas situaciones. En muchos casos su intervención tiende a dar protección al alumno, su compromiso y esfuerzo muchas veces alivia una situación de alto sufrimiento. En otros casos se encuentra con la imposibilidad de actuar, se siente impotente y testigo de la destrucción de la vida de un niño o joven.

La falta de capacitación y la inexistencia de una normativa a nivel institucional que oriente la acción paraliza a los docentes. En aquellos que han recibido capacitación específica, aparece el reclamo de otros apoyos legales y definiciones claras de su responsabilidad. La indiferencia del sector educativo y la falta de políticas institucionales de acción, vuelven cómplices a todos los involucrados: docentes, establecimientos de enseñanza, institución educativa, sector educativo y Estado en general como responsable privilegiado.

Atrás